Esta mañana, en rueda de prensa celebrada desde las instalaciones del Congreso del Estado de Querétaro, se llevó a cabo la presentación formal de un “Decálogo” de iniciativas encaminadas a integrar una nueva Reforma Electoral. Este ejercicio legislativo y de cara a la ciudadanía, contó con la asistencia y activa participación de la diputada Teresita Calzada, la coordinadora de Movimiento Ciudadano Nora Amaya, el delegado César Cadena y el diputado Paul Ospital.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, el punto central de la intervención de la legisladora Teresita Calzada fue la presentación y desglose de una propuesta de su autoría, denominada “Multas que sí sirvan”. Esta iniciativa, que representa el corazón de su agenda en la reforma, busca darle un verdadero sentido social, utilitario y de prevención a las sanciones políticas.
Al detallar esta propuesta, la diputada Calzada puntualizó los siguientes objetivos centrales:
- Establecer por ley que cada infracción electoral sea dirigida directamente a la gestión de emergencias.
- Garantizar que absolutamente todo el recurso recaudado por concepto de multas en materia electoral, sea destinado presupuestalmente a los cuerpos de bomberos y a prestadores certificados de servicios de emergencia en el estado.
- Transformar cada violación a la Ley Electoral en la adquisición de ambulancias, equipo, capacitación y en una mayor capacidad de respuesta para quienes sí le salvan la vida a Querétaro.
La legisladora argumentó que, en el modelo actual, las sanciones a los partidos y actores políticos castigan en el papel, pero rara vez logran traducirse en un beneficio visible o tangible para la ciudadanía.
Con la propuesta “Multas que sí sirvan”, el mensaje que se envía desde la Legislatura es claro y contundente: “el que ensucie la elección, que ayude a financiar a quienes apagan incendios y atienden emergencias como fugas de gas, inundaciones, accidentes de tránsito, traslados y rescates”.
De ser aprobada esta medida impulsada por Teresita Calzada, se garantizará que los recursos millonarios provenientes de las faltas electorales dejen de perderse en la burocracia, para convertirse de manera obligatoria en un apoyo económico directo para las instituciones que la gente verdaderamente reconoce y necesita.