En el marco del Día del Maestro, la diputada Claudia Díaz Gayou en compañía de un grupo de educadores de Querétaro y San Juan del Río presentaron una Iniciativa de Ley que busca establecer un marco de protección jurídica, respeto institucional y garantías procesales para quienes dedican su vida a formar generaciones.
La diputada Claudia Gayou precisó que “hoy damos un paso firme hacia un Querétaro donde la vocación educativa con leyes que protejan, amparen y hagan justicia. Buscamos que nunca más una maestra o un maestro sea sancionado sin pruebas, señalado sin defensa o abandonado por las instituciones. Presentamos esta iniciativa como un homenaje activo, como un paso firme hacia una cultura de respeto y justicia educativa. No podemos exigir excelencia sin ofrecer protección. No podemos hablar de calidad educativa sin garantizar condiciones de seguridad y respeto para quienes enseñan”.
Esta iniciativa propone reformar el Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, con el fin de establecer un marco legal de protección integral frente a denuncias falsas, garantizar el debido proceso administrativo y reconocer el contexto sensible en el que el personal docente desempeña su función.
Con esta reforma, se incorpora en el Código Penal del Estado, un nuevo tipo penal para sancionar la denuncia falsa contra profesionistas en ejercicio de funciones públicas, incluyendo al personal docente. Esta figura busca disuadir el uso doloso del aparato institucional y proteger la dignidad profesional de los docentes; estableciendo con claridad que cuando una denuncia carezca de sustento y se presente con dolo, debe tener consecuencias jurídicas.
Con respecto a la Ley de Educación, se propone la adición de un capítulo específico sobre derechos del personal docente, incluyendo el principio de presunción de inocencia, el respeto al debido proceso administrativo y medidas de protección laboral frente a actos de violencia, hostigamiento o señalamientos públicos no acreditados. Esta reforma parte del reconocimiento a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y busca armonizar la legislación educativa con los principios fundamentales del Estado de derecho.
En la Ley de los Trabajadores del Estado se modifican los procedimientos disciplinarios para garantizar que ningún docente pueda ser separado del cargo o sujeto a medidas cautelares sin la existencia de elementos objetivos, salvaguardando el principio de legalidad y evitando prácticas persecutorias o discrecionales. Además, se incorporan mecanismos de reparación institucional cuando se declare la inexistencia de responsabilidad del trabajador.
Los profesores presentes, entre los que se encontraban Juana Nieto Alegría, Rogelio Velázquez Vega y Joaquín Ramón Arroyo Aguilar dieron a conocer que esta iniciativa nació por el caso de la maestra Tere, de San Juan del Río, (por quien la llamarán Ley Teza), a quien injustamente se le llevó un proceso arbitrario que vulneró el principio de presunción de inocencia, estando encarcelada durante 10 días, y a quien dañaron su reputación, afectando el ejercicio pleno de su vocación.
Los representantes del magisterio coincidieron que ser maestra o maestro no solo implica enseñar, acompañar y orientar; sino también significa estar expuesto a calumnias, a denuncias infundadas, a procedimientos administrativos arbitrarios que dañan no solo el empleo, sino también la salud mental, la estabilidad familiar y la vocación misma.
Indicaron que una prueba de esa realidad son los docentes que han sido víctimas de denuncias infundadas que no solo carecen de sustento legal, sino que derivan en la privación de la libertad, afectando su integridad, su entorno familiar y su proyecto de vida. A pesar de que jurídicamente se acredite su inocencia, las consecuencias humanas, profesionales y sociales son devastadoras.