El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, presidió la sesión de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario de Querétaro, acto en el que estuvo acompañado por los titulares de las dependencias que participan en la reinserción social de las personas privadas de su libertad o que se encuentran en prisión preventiva o en ejecución de sanción, por mandato judicial, para la firma del Convenio Marco de Colaboración que materializa su voluntad para que las acciones del gobierno estén centradas en la justicia hacia las y los ciudadanos.

 

“Ahora, con el esfuerzo de todas las dependencias que ustedes encabezan, vamos a poner atención en las niñas, niños y jóvenes, esposas y adultos mayores o cualquier otro familiar de las personas privadas de la libertad y que sufren los efectos de no contar con la asistencia y protección de quien en muchos casos, era el factor del sostén económico en su familia”, auguró.

 

Celebró que hoy se da un paso más en la política de su gobierno para que en materia de derechos humanos exista piso parejo, comenzando con los que se encuentren en las situaciones más vulnerables, con las normas que mandatan que el gobierno estatal debe asumir una colaboración y coordinación interinstitucional para que mujeres y otras personas privadas de la libertad, preliberadas y liberadas, así como sus familiares directos, principalmente hijas e hijos, tengan garantizado el acceso a servicios, programas, beneficios y trámites en cuestiones de trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, para que sus derechos humanos sean efectivos y reales en cada persona.

 

El mandatario queretano, precisó que con este acuerdo, derivarán programas específicos en materia de trabajo, educación, salud, deporte y más acciones que procuren su protección integral y formen un círculo de fortaleza, para que juntos logremos la reinserción social y las personas que una vez infringieron la ley, puedan rehacer su proyecto de vida y ser factor de utilidad social al integrarse a la misma libres, dignos y con una perspectiva de respeto a la ley, corresponsabilidad social y solidaridad con el resto de los integrantes de la sociedad.

 

Durante el desarrollo de la sesión, Kuri González, estimó que la seguridad, tiene diversos matices de realización en cada estado del país, y Querétaro, apuntó, se distingue porque en su propia Constitución, el artículo segundo determina la seguridad como un derecho fundamental de los ciudadanos que implica acceder a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, para todas las personas.

 

Al respecto, consideró que las y los ciudadanos están tranquilos al saber que los cuatro centros de detención para adultos, no solamente manejan procedimientos reconocidos durante cinco años consecutivos, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos como el mejor Sistema Penitenciario a nivel nacional, en respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que además, no existen disturbios ni situaciones que vulneren la disciplina y orden dentro de los mismos.

 

“En Querétaro cada día trabajamos por la seguridad de nuestro estado, con la cooperación del gobierno federal, la coordinación con los gobiernos municipales y la alineación de las instancias de mi gobierno al Programa Estatal de Seguridad, con esto tenemos una ruta de trabajo. Sé de las circunstancias que vive el país y que no somos ajenos  a esta terrible realidad, pero también, siempre nos hemos distinguido por nuestro trabajo, disciplina y convicción por defender nuestra libertad del miedo a la inseguridad”, enfatizó.

 

El secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, afirmó que Querétaro no sólo atiende el precepto constitucional que obliga a las instituciones del estado en materia penitenciaria, de acuerdo a su ámbito de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sino que va más allá con un compromiso de una visión garantista que tiene su gobierno y que hoy queda manifiesto dentro del sistema  penitenciario.

 

“Y como lo establece la visión del gobernador Mauricio Kuri González, considerada dentro  del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en el quinto eje denominado Paz y Respeto, en Querétaro hoy se hacen la suma de estos esfuerzos para poder seguir siendo un referente nacional no solamente en materia de inserción social, sino también en materia de seguridad y procuración de justicia”, manifestó.

 

Durante su intervención, el comisionado Estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, resaltó que el sistema penitenciario coadyuva en la seguridad del estado, muestra de ello, citó, es que tiene más de seis años consecutivos sin motines, redes colectivas, homicidios, fugas; la sociedad queretana no está en riesgo por los centros de detención, aquí, no se cometen delitos desde los centros penitenciarios.

 

En su carácter de secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario de Querétaro, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evaluó al sistema penitenciario de los queretanos como el mejor de México, con una calificación histórica de 8.62 y este primer lugar, puntualizó, lo ha mantenido seis años consecutivos; por ello, recalcó el sistema penitenciario queretano es referente nacional e internacional contando con dos centros  certificados.

 

“Gracias a la administración del gobernador Mauricio Kuri González y al apoyo de la sociedad civil, hoy estamos en el siguiente nivel, al tener los centros penitenciarios mejor evaluados en la historia de nuestro país, somos referencia internacional y desde aquí estamos construyendo el penitenciarismo moderno”, acotó.

 

Durante la celebración de esta sesión, realizada por mandato de la legislación nacional y la correspondiente al Estado, el Gobernador tomó protesta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario de Querétaro que se dieron cita en Querétaro Centro de Congresos, acto que fue atestiguado por representantes de asociaciones civiles en el Estado.